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Las Crisis Empresariales

Cuando se origina una actividad económica, sin perjuicio del planeamiento y planificación de esta, es posible que la incertidumbre sobre la progresión o continuidad del mismo quede en entre dicho en numerosas ocasiones, y los administradores se hayan de sentar para valorar y analizar la sostenibilidad de su negocio.

Al final los números mandan y se hace preciso tomar decisiones cuando estos indican que la progresión del negocio no mantiene la deseable línea ascendente.

Ante situaciones de crisis empresarial se puede abrir distintos escenarios en atención a las condiciones económicas de la actividad, y si estas permiten una mínima continuidad o no.

EL TRASPASO DE NEGOCIO.

Quizás no tienes el mismo ánimo para continuar con tu actividad económica, después de las criticas situaciones económicas que has atravesado al frente de tu negocio, han agotado las últimas fuerzas para seguir mirando por tu negocio y luchar por él. Es una crisis empresarial que si no tomas una decisión sobre ese negocio estará abocado al cierre. Sin embargo, tu actividad económica aún no está en esa situación crítica donde las deudas son presentes cada día.

Tu crisis empresarial puede suponer una oportunidad de negocio para alguien con capacidad de poner en valor el potencial y bagaje ya trabajado durante los años anteriores. La mejor solución es intentar encontrar un comprador para tu actividad y que esta pueda transmitirse. Es el denominado Traspaso de Negocio, donde se pretende poner con claridad todas las vicisitudes del negocio, inventariar los bienes, listar los contratos, identificar contingencias legales o procedimientos judiciales o administrativos en su contra, en definitiva, todos aquellos elementos necesarios que pueden hacer atractivo el negocio a la vista de un comprador, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista legal, que servirán de base para fijar el precio a pagar.

Una cautela que hay que valorar en los traspasos de negocios es cerciorarse correctamente del estado de las licencias administrativas y su transmisibilidad, es preciso evaluar necesariamente que (i) la licencia sigue activa, (ii) que las instalaciones cumplen escrupulosamente con la licencia administrativa y (iii) que el adquirente del negocio va a dedicarse a la misma actividad para la que se aprobó la licencia.

La mayor parte de las licencias administrativas son transmisibles excepción hecha que se hayan concedido por la cualidad personal de solicitante o que su autorización venga limitada a cierto número de personas.

Igualmente, es necesario estudiar el clausulado del contrato de arrendamiento de local de negocio para el supuesto que el negocio se desarrolle en un local. Es preciso confirmar que este contrato no impedirá la cesión de la posición contractual a favor de un tercero. Por supuesto conviene recordar que el propietario tendrá derecho a un incremento del 20% de la renta.

CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES

Sin embargo, si la situación critica ha dado todos sus pasos hasta punto tal que solo queda dar el último para que se liberen de ella, se hace preciso valorar y analizar las actuaciones necesarias para disolver y liquidar la compañía.

El proceso de liquidación de una compañía es un proceso regulado por la Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y por el que de una forma ordenada se pone fin a la existencia de una compañía mercantil.

Para saber si efectivamente se puede disolver una compañía es preciso acreditar que concurre las causas de disolución que así lo permita.

1 – De conformidad con el art. 360 LSC son causas de disolución de pleno derecho:

  Por el transcurso del término de duración fijado en los estatutos, a no ser que con anterioridad hubiera sido expresamente prorrogada e inscrita la prórroga en el Registro Mercantil.

  Por el transcurso de un año desde la adopción del acuerdo de reducción del capital social por debajo del mínimo legal como consecuencia del cumplimiento de una ley, si no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil la transformación o la disolución de la sociedad, o el aumento del capital social hasta una cantidad igual o superior al mínimo legal.

2- De conformidad con el art. 362 LSC son causas de legales de disolución

– Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

– Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

– Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

– Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

– Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

– Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

– Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

– Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

3- La sociedad también se puede disolver por mero acuerdo de la junta (vid. 368 LSC)

Procedimiento de disolución:

La Junta General de Socios es el órgano legitimado para acordar esta medida y proceder a la disolución y liquidación de la compañía. Esta junta habrá de ser convocada por el administrador de la sociedad en el plazo de los 2 meses desde que concurra alguna de las causas de disolución, deviniendo responsable el administrador solidariamente por las deudas si no convoca la Junta General de Socios si incumple el citado plazo (art.367 LSC).

Tras la adopción de los acuerdos por parte de la Junta General de Socios, será necesario elevarlos a público ante notario y posteriormente obtener la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

La Liquidación

Una vez inscrito el acuerdo de disolución de la compañía, se abre el periodo de liquidación, cesando en sus cargo los administradores y nombrando los liquidadores de la compañía, cuya misión fundamental es (i) En el plazo de tres meses a contar desde la apertura de la liquidación, los liquidadores formularán un inventario y un balance de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto, (ii) concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad (iii) percibir los créditos sociales y pagar las deudas sociales, (iv) deberán llevar la contabilidad de la sociedad, así como llevar y custodiar los libros, la documentación y correspondencia de ésta, y (v) deberán enajenar los bienes sociales. (vid. Art. 383 y ss LSC).

Finalizadas las operaciones de liquidación, se deben elaborar los balances finales de liquidación que permitan aprobar la cuota final que cada socio deberá recibir en atención al porcentaje de participación en el capital social.

Finalmente, los Liquidadores habrán de otorgar la escritura pública de extinción de la sociedad que deberá contener al menos las siguientes menciones (vid. 395 LSC).

a) Que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo de aprobación del balance final sin que se hayan formulado impugnaciones o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiera resuelto.

b) Que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos.

c) Que se ha satisfecho a los socios la cuota de liquidación o consignado su importe.

La citada escritura habrá de inscribirse en el Registro Mercantil correspondiente quien cancelará los asientos registrales.

CONSIDERACIONES FISCALES AL RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN

La fiscalidad de la operación va a depender del tipo de liquidación del que se trate, no son iguales las sociedades que durante la liquidación han de proceder a vender bienes inmuebles (Plusvalía municipal) o realizar otro tipo de operaciones que pueden implicar una fiscalidad diferenciada.

Pero es acertado tener presente durante el proceso de disolución y liquidación de la compañía, tanto el Impuesto de Sociedades como el Impuesto de Actividades Económicas, si aplica, o el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Pero observando las operaciones habituales de cierre se hace preciso liquidar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales – Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de operaciones societarias, cuya cuota tributaria se corresponderá con el 1% de la cuota de liquidación del ITPAJD-OS.

Igualmente la operación de liquidación también tendrá repercusión en el IRPF del socio quien percibe la cuota de liquidación, que habrá de declarar el importe recibido como consecuencia de la liquidación en la declaración anual del IRPF.

CONCURSO DE ACREEDORES

Para poder dar una visión completa de las crisis empresariales, convendría finalizar con una breve mención al concurso de acreedores para aquellas situaciones de insolvencia real que impedirían la consecución de una disolución y liquidación ordenada, debiendo intervenir la Administración de Justicia, para garantizar los derechos de los acreedores o terceros que pudieran tener intereses que deban ser protegidos.

Debido a la complejidad de la materia, merece un artículo diferenciado para una explicación detallada de las particularidades del procedimiento concursal que también se formula legalmente como remedio a la crisis empresarial.