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Límite al precio de los alimentos: ¿Cuándo es legal?

(Publicación original en Legálitas el 3 de octubre de 2022. Puedes acceder haciendo click aquí.)

La inflación ha conllevado que los productos básicos de la cesta de la compra se encarezcan notablemente y ha dado lugar a un debate público sobre las medidas que se pretenden implementar para proteger el poder adquisitivo de las familias. En este contexto, desde Legálitas analizamos si es legal que el Gobierno limite los precios de venta de los productos en los comercios con el fin de que los ciudadanos vean aliviado el coste de llenar la nevera, solución que ya han adoptado otros paises de la Unión Europea, si bien sobre la base de la voluntariedad en la adhesión a la medida, en el caso de Francia o incluso vía decreto, y de obligado cumplimiento, como es el caso de Hungría.

¿Es legal que se límite el precio de mercado de mis productos?

En circunstancias normales la Ley de Defensa de la Competencia (art. 1), en consonancia con el artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación que pueda impedir, falsear o restringir la competencia nacional, disponiendo como conducta específica la fijación de precios, de forma directa o indirecta. Lo anterior implica que si deliberadamente existen conductas de fijación de precios, estas se reputarán colusoliras y por tanto contrarias a la libre competencia.

Sin embargo, siendo la máxima, la citada con anterioridad, en el Ordenamiento Jurídico resultan aplicables otras excepciones, siempre que, se reunan las condiciones que permiten la aplicación de la excepción.

Así, esa conducta consistente en la fijación de precios, no estará prohibida si contribuye a mejorar la producción, la comercialización y la distribución de bienes y servicios (art. 1.3 y 1.5 de la Ley de Defensa de la Competencia). Para el caso español, de la actual escalada de la inflación derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Gobierno ha limitado la adquisición de productos sin que su precio se eleve, si es que concurren causas extraordinarias o de fuerza mayor (art. 9 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista), todo ello, sin perjuicio de la libertad de precios de los precios de los alimentos a los comercios de conformidad con el art. 13 de la citada Ley.

Si en la actualidad, Gobierno decidiese, mediante Real Decreto, aplicar la fijación de precios, ésta no puede ser arbitraria y precisa del seguimiento de un procedimiento especial de aprobación, donde se hace necesario la audiencia previa de los sectores afectados, dirigirse a determinado tipo de productos e incluso podría llegar a ser necesario recabar el informe del Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia, según el tipo de medida que se pretendiese aplicar y el sector al que se dirigiese la medida.

Así la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (art. 13) dispone que el “Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa, en los casos siguientes:

  1. a) Cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas.
  2. b) Cuando se trate de bienes producidos o comercializados en régimen de monopolio o mediante concesión administrativa.
  3. c) Como medida complementaria de las políticas de regulación de producciones o de subvenciones u otras ayudas a empresas o sectores específicos.
  4. d) Excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva, existan obstáculos graves al funcionamiento del mercado o se produzcan situaciones de desabastecimiento”

Lo anterior es un principio básico que en la práctica se aplica en distintos sectores que efectivamente ya se encuentran intervenidos “de facto” como en la práctica son, entre otros, los sectores energéticos, farmacéuticos o el caso fallido donde se pretendió regular el precio del mercado del alquiler de vivienda.

Como empresario o dueño de un establecimiento, ¿te puedes negar a fijar ese límite?

Si el límite a los precios se adopta dentro de las excepciones que indica la propia Ley de Defensa de la Competencia, formas parte de alguna asociación de comerciantes y eres partícipe del acuerdo, fijar ese límite es de obligado cumplimiento. Sin embargo, si te hacen una recomendación colectiva dirigida a fijar el precio de ciertos productos, no es obligatorio seguir las citadas recomendaciones. En definitiva, siempre va a depender de los términos del acuerdo, si es de voluntaria adhesión o por el contrario es de obligado cumplimiento para los comerciantes afectados.

Por otro lado, si no estás asociado o no formas parte del acuerdo, bien como empresa o porque tu asociación no forma parte del citado acuerdo, no tendrás que aplicar esa fijación de precios adoptada.

Ahora bien, si el Gobierno decide ejercer la facultad que le otorga el art. 13 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista o la excepción que se mencionada el art. 1.5 de la Ley de Defensa de la Compentencia, dicha intervención sobre los precios será de obligado cumplimiento.

En caso de tener obligación de implementarlo, ¿Qué consecuencias existen si te niegas a bajarlo?

Si estuvieras obligado a cumplir con el acuerdo o decisión adoptada, las consecuencias jurídicas es que hay posibilidad de que el resto de las partes inicien acciones legales para exigir su cumplimiento.

Si se tratase de una intervención directa del Gobierno de la Nación, será preciso observar las sanciones que dispone el art. 47.1.f de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que fija como sanción “el incumplimiento de las normas reguladoras de precios (…)”, salvo que se regulasen sanciones especiales en la disposición legal que fijase los precios.

Cómo propietario de un establecimiento, ¿puede imponer ese mismo límite en el precio a mis proveedores?

No, siempre que el proveedor no forme parte del acuerdo o decisión que restrinja los precios. Si, por el contrario, el citado proveedor es uno de los afectados por el acuerdo, tendrá las mismas obligaciones respecto a la limitación del precio.

Igualmente cabe decir respecto de aquella decisión del Gobierno que pudiera aprobarse legalmente, si es que se llegase a ejercer la facultad que este tiene en virtud del art. 13 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista o si siguiese el procedimiento especial regulado en el art. 1.5 de la Ley de Defensa de la Compentencia, habiendo recabado previamente informes de del Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia.

Como conclusión y para resaltar los elementos que valoramos más relevantes a tener en cuenta para entender la problemática surgida serán:

  • el tipo de negocio al que se dirige la fijación de precios: pequeño comercio, gran superficie, productor, distribuidor o todos.
  • el tipo de medida donde se adopta la fijación de precios: acuerdo, recomendación, decisión o intervención del Gobierno.
  • Organismo que adopta la medida: Asociaciónes, Empresas o el Gobierno, y
  • Por supuesto, los productos objeto de fijación de precios.

Sin perjuicio de lo anterior, al igual que en el caso catalán para la regulación del precio del mercado del alquiler de la vivienda que fue declarado inconstitucional, y debido a la controversia generada, puede llegar a ser posible que hayan de expresar su decisión los Tribunales de Justicia a efectos de enjuiciar la oportunidad y concurrencia de las circunstancias que justificarian la intervención de precios, pues la anterior valoración jurídica se asentaria sobre la hipótesis de un escrupuloso y correcto cumplimiento de los principios inspiradores de que permiten aplicar la excepción legal de fijación de precios.