Legal

La limitación de la adquisición de productos en el comercio minorista

El Gobierno de España ha aprobado su plan para paliar las consecuencias provocadas por la guerra en Ucrania. Así, en el Boletín Oficial del Estado del día 30 de marzo de 2022 se ha publicados el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, en vigor desde el día 31 de marzo de 2022.

Este Real Decreto, además de aprobar las ayudas en los sectores directamente afectados, introduce una serie de modificaciones relevantes, en la regulación del comercio minorista. 

Un complejo contexto histórico

La Pandemia por Covid-19 visibilizó los problemas puntuales de suministro de distintos productos, provocados por los estrictos confinamientos aprobados en los Estados. También se observaron las dificultades de acceso a ciertos productos, provocados, entre otras causas, por la distancia existente en la cadena de distribución entre los factores y medios de producción y los adquirentes de los productos, frecuentemente intercontinentales.

Ahora, la guerra en Ucrania, vuelve a poner de manifiesto la problemática global que provoca la distancia entre los factores de producción y los consumidores finales, en aquellos productos cuyos factores de producción se encuentran ubicados, principalmente, en Ucrania.

Entonces, durante los momentos más difíciles de la Pandemia, y ahora, durante la Guerra en Ucrania, el riesgo es el mismo, el desabastecimiento y la dificultad de acceso.

La modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 

Ante tales circunstancias, el Gobierno, mediante la legislación de urgencia, en la Disposición Final Tercera del citado Real Decreto, permite el racionamiento de productos. Para ello, ha modificado el art. 9.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

El principio general establecido en el citado art. 9 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista es proceder a vender. Se constituye como obligación legal, sin que quepa limitación alguna en “la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen“.

Como excepción a lo anterior, el punto tercero del artículo 9 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, de conformidad con la modificación aprobada, permitirá a los comerciantes racionar los productos por comprador. Esa limitación ha de responder a la existencia de circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen.

No obstante, las anteriores circunstancias no permitirán justificar un aumento del precio para adquirir el bien objeto de limitación. 

Proporcionalidad y justificación de la adopción de la medida para limitar la compra de bienes

Profundiza la modificación en que la finalidad del racionamiento no es otra que evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso equitativo de los consumidores, evitando así, que se limiten arbitrariamente la adquisición de bienes o que no estén debidamente justificadas por las causas ya expresadas.

El incumplimiento de la obligación legal de venta puede constituir una infracción de conformidad con lo dispuesto en el art. 64 y siguientes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, por ello, la medida ha de ser proporcional al riesgo. 

Es relevante que el comerciante reúna y guarde todas las evidencias posibles que justifiquen el riesgo real de desabastecimiento. Son fundamentales las comunicaciones con los proveedores, histórico de pedidos y albaranes de entrega o el histórico de facturación del producto limitado a efecto de acreditar la demanda del mismo, entre otras posibles evidencias.

La razón no es otra que poder acreditar ante la Administración Pública que las medidas adoptadas por el comerciante se justifican y son proporcionales para evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso equitativo de los bienes.

Las Administraciones Públicas podrán iniciar inspecciones cuyo objeto sea la comprobación de la concurrencia de las circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que justifiquen el riesgo real de desabastecimiento en el producto cuya adquisición se limita.