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Novedades de la Ley de Propiedad Intelectual: Nuevas modalidades para la gestión de los derechos

El Gobierno de España, por vía de urgencia, el día 13 de abril aprobó el Real Decreto Ley 2/2018, en virtud del cual se introducen las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual. Dicho Real Decreto incorpora al ordenamiento jurídico español dos Directivas Europeas (la Directiva 2014/26/UE y la Directiva 2017/1564/UE).

Las novedades más interesantes que introduce el mencionado Real Decreto se refieren a (i) la tipología de entidades que pueden gestionar los derechos de derechos de propiedad intelectual de forma colectiva, (ii) la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales y (iii) la habilitación de ciertos usos de obras y prestaciones sin la autorización del titular de los derechos, en favor de determinadas personas con discapacidad.

La nueva regulación de las entidades que gestionan colectivamente derechos de propiedad intelectual.

El Real Decreto describe la categoría de entidades que pueden gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual. Varias de estas entidades, ahora reguladas, ya se encontraban operando activamente en el territorio de Unión Europea, al margen del régimen jurídico de la anterior legislación y de las facultades de supervisión de las Administraciones Públicas.

Además de las denominadas “entidades de gestión” (e.g. SGAE), el Real Decreto permite a nuevas entidades, en concreto a las “operadores de gestión independientes“, y a entidades de gestión extranjeras, sin establecimiento en España, gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual.

A diferencia de las tradicionales entidades de gestión, los operadores de gestión independientes deberán tener ánimo de lucro. Los operadores de gestión independientes no tendrán vínculos con el titular de los derechos, pues éste no dispondrá de ningún tipo de derecho de control o propiedad sobre el operadores independiente de gestión. Téngase en cuenta que en las tradicionales entidades de gestión, ese vínculo de control o de propiedad entre la entidad de gestión y los titulares de derechos, debe constar obligatoriamente en los Estatutos.

Las entidades de gestión legalmente constituidas sin establecimiento en territorio español, que pretendan prestar los servicios regulados por el Real Decreto, deberán comunicarlo al Ministerio de Educación Cultura y Deporta, de forma previa al inicio de las actividades. El Real Decreto regula aquellas obligaciones que deben cumplir estas entidades, diferenciando a aquellas cuyo establecimiento permanente está en otro Estado Miembro de la Unión o en un tercer país.

La nueva legislación abre oportunidades de negocio a profesionales interesados en la gestión colectiva de dichos derechos.

Facilitación del acceso a las obras publicadas por las personas con discapacidad

Según la exposición de motivos del Real Decreto, la Directiva 2017/1564/UE se configura como un instrumento para armonizar en el territorio de la Unión las obligaciones contraídas por la Unión Europea en virtud del Tratado de Marrakech, de 27 de junio de 2013. Dicho tratado regula la facilitación del acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

Una de las medidas introducidas por el Real Decreto es permitir los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas, siempre que se realicen en beneficio de personas con discapacidad y carezcan de finalidad lucrativa. Asimismo dichos actos deben guardar una relación directa con la discapacidad de que se trate y llevarse a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad. Para llevar a cabo dichos actos no es necesario la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, las entidades autorizadas para producir ejemplares en formatos accesibles a las personas especialmente protegidas por el Tratado de Marrakech, también podrán prescindir de la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual,  sin perjudicar en exceso los intereses legítimos de su titular. El Real Decreto Ley se preocupa de definir a los efectos de la Ley, tanto a las personas con discapacidad como a las entidades autorizadas para producir los referidos ejemplares, no pudiendo, estas últimas, tener ánimo de lucro.

Puedes acceder al Real Decreto publicado en el BOE haciendo clic aquí.